Actualizado el 16 de octubre de 2026
Introducción
En la madrugada del 10 de agosto de 1809, un grupo de quiteños notificó al presidente de la Real Audiencia que había dejado de serlo. El hombre depuesto era Manuel de Urriés, conde Ruiz de Castilla, un militar de edad muy avanzada que llevaba poco más de un año en Quito. Según Carlos Landázuri Camacho, el golpe «sorprendió a las autoridades y triunfó prácticamente sin violencia».
Tres años después, el 15 de junio de 1812, una multitud lo sacó a golpes de la Recoleta de la Merced, donde se había refugiado, y murió a causa de las heridas. Entre una fecha y otra, Ruiz de Castilla fue depuesto, repuesto, responsable del encarcelamiento de decenas de vecinos, presidente nominal de la segunda Junta y, al final, un hombre sin autoridad en una ciudad que ya no lo obedecía.
Su figura suele reducirse a una caricatura: el anciano que cuidaba su jardín mientras el reino se agitaba. Esta entrada reconstruye su trayectoria con la bibliografía académica citada al final y distingue, cuando es posible, lo que consta en documentos de lo que dijeron sus adversarios.
Índice de contenidos
Ficha técnica
| Nombre | Manuel de Urriés (también escrito Urriez), conde Ruiz de Castilla |
| Cargo | Presidente de la Real Audiencia de Quito, gobernador político y militar |
| Rango militar | Teniente general de los Reales Ejércitos |
| Edad al asumir el cargo | 84 años, según Rodríguez O. |
| Carrera previa | Participó en la represión de la rebelión de Túpac Amaru y presidió la Audiencia del Cuzco (Landázuri Camacho) |
| Llegada a Quito | 31 de julio de 1808 (Vásquez Hahn) |
| Antecesor | Barón de Carondelet; entre ambos hubo un gobierno interino de Diego Antonio Nieto |
| Deposición por la Junta | 10 de agosto de 1809; repuesto en octubre de ese año |
| Salida definitiva del poder | 11 de octubre de 1811 |
| Muerte | Junio de 1812, tres días después de ser sacado de la Recoleta de la Merced |
| Nacimiento | No consta en las fuentes consultadas |
Ruiz de Castilla: un militar veterano al frente de la Audiencia
Manuel de Urriés, conde Ruiz de Castilla, llegó a Quito el 31 de julio de 1808 en compañía de su asistente personal, el inglés William Bennet Stevenson. Asumió la presidencia luego de varios meses de gobierno interino del militar Diego Antonio Nieto, que se encontraba de paso por la ciudad cuando murió Carondelet, según la tesis de María Antonieta Vásquez Hahn. Landázuri Camacho lo describe como un anciano funcionario del gobierno colonial que se había destacado en la represión de la rebelión de Túpac Amaru en el Perú y que después presidió la Audiencia del Cuzco. Los documentos oficiales que se conservan lo titulan «Teniente General de los Reales Exercitos, Presidente de esta Real Audiencia Gobernador Politico y Militar de estas Provincias de Quito».

Su edad pesa en casi cada juicio posterior. Jaime E. Rodríguez O. lo llama «un hombre débil de ochenta y cuatro años» que «asumió su puesto en Quito como una especie de retiro». Si se acepta esa cifra, habría nacido hacia 1724, pero ese año es un cálculo a partir de la edad citada: ninguna de las fuentes consultadas da su fecha ni su lugar de nacimiento.
Conviene distinguir quién habla. La imagen más repetida, la del presidente que dedicaba su tiempo al jardín, a la cocina y al juego de cartas, procede de un testimonio del obispo José Cuero y Caicedo que recoge Rodríguez O. Era el testimonio de un adversario con quien Ruiz de Castilla mantuvo un pulso abierto. Rodríguez O. supone que la élite quiteña comparaba su desinterés con la atención que el barón de Carondelet había prestado al bienestar del reino. Landázuri Camacho resume el contraste en términos políticos: a diferencia de su antecesor, Ruiz de Castilla «no tuvo la sagacidad para atraerse a la aristocracia local, con la cual mantuvo relaciones más bien tensas».
El desgaste de la institución agravaba el problema. Rodríguez O. recuerda que la Real Audiencia había quedado reducida, por desgaste, a tres oidores belicosos, de modo que el presidente gobernaba un tribunal debilitado y una élite local que ya no tenía acceso privilegiado a la máxima autoridad.
Toros, comedias y un pulso con el obispo (1808)
Los primeros meses de Ruiz de Castilla en Quito giraron en torno a una costumbre: recibir a cada presidente con corridas de toros y obras de teatro. Vásquez Hahn, en su estudio sobre el trasfondo político de las fiestas de toros, documenta que el colegio de San Fernando ofreció al nuevo presidente cuatro comedias: Catón, Andrómaca, Zoraida y Araucana. Su argumento exaltaba, según el relato de Stevenson, el amor a la libertad, aunque esa tendencia «pasó desapercibida por el Presidente y por otros miembros de su gobierno». Las cuentas del colegio muestran que el capitán Juan Salinas, futuro jefe militar de la Junta de 1809, se encargó de levantar los toriles en la plaza de Santo Domingo, por treinta y seis pesos.
El propio presidente se mostró reticente ante los homenajes. El 9 de agosto de 1808 pidió al Cabildo que suspendiera las corridas que los regidores querían costear en su honor y recordó que una real cédula del 20 de septiembre de 1806 las prohibía expresamente en la ciudad. Vásquez Hahn deja abierta la razón: quizá le parecieron excesivos los festejos, o el poco tiempo transcurrido desde su llegada le hizo recelar de los homenajes oficiales. Aun así, concedió licencia para los toros organizados por el colegio de San Fernando, y la autora sostiene que los insurgentes usaron después ese permiso, otorgado «a sabiendas que estaban prohibidos», para desacreditarlo dentro y fuera de la Audiencia.
Los permisos desataron además un conflicto con el obispo. El 30 de noviembre de 1808, el presidente escribió al rector del Seminario de San Luis que la licencia concedida a los colegiales era absoluta y no estaba sujeta a la aprobación del rector, porque descansaba en las facultades del Real Vicepatronato. En un oficio del 5 de diciembre respondió al obispo Cuero y Caicedo, quien lo había tratado de «ignorante, inadvertido, ligero, y usurpador de ajenas facultades, y regalías», y le advirtió que estaba obligado a sostener sus prerrogativas. Vásquez Hahn supone que el presidente, inquieto por las noticias de la invasión napoleónica a la Península, buscaba afirmarse como la primera autoridad de la Audiencia.
En diciembre, sin embargo, fue el propio presidente quien pidió al Cabildo organizar corridas en honor de Vicente Bourman, comisionado de la Junta Central de Sevilla, bajo la dirección de dos europeos de probada fidelidad a la Corona. En febrero de 1809 circularon unos versos, atribuidos a un fraile dominico, que reprochaban a Quito sus diversiones taurinas en tiempos tan inciertos.
De la Navidad de Chillo Compañía al proceso de 1809
Mientras los toros distraían a la ciudad, un grupo de criollos se reunió el 25 de diciembre de 1808 en la hacienda de Chillo Compañía, propiedad del marqués de Selva Alegre. Landázuri Camacho cita entre ellos a los abogados Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga, a los militares Juan Salinas y Nicolás de la Peña y al presbítero José Luis Riofrío. Rodríguez O. considera probable que hablaran de las derrotas españolas y que contrastaran el interés de Carondelet por el reino con la indiferencia de Ruiz de Castilla; añade que el grupo también deseaba reemplazarlo por alguien que representara los intereses de Quito. Advierte, no obstante, que no existe más evidencia de un plan concreto que las acusaciones posteriores.
Según Landázuri Camacho, los reunidos resolvieron formar una junta suprema y ejecutar el golpe durante el Carnaval de 1809. La conspiración se filtró, Ruiz de Castilla ordenó seguir una causa y en marzo fueron arrestados Selva Alegre, Rodríguez de Quiroga, Morales, Salinas, Riofrío y Peña. Daniel Gutiérrez Ardila describe el proceso como una «ruidosa causa» conducida con «legendaria torpeza», lo que a su juicio indica que las autoridades solo buscaban disuadir a los sospechosos; esa «velada advertencia», concluye, «precipitó la revolución». Los autos se «extraviaron» y los presos salieron en libertad, según el realista Pedro Pérez Muñoz, a costa de diez o doce mil pesos (cita de Vásquez Hahn). Rodríguez O. menciona además la sugerencia de José Gabriel Navarro de que el conde aceptó «una fuerte suma de dinero» para absolverlos; es una sospecha que la bibliografía consultada no confirma.
La madrugada del 10 de agosto de 1809
Los abogados Morales y Rodríguez de Quiroga convocaron reuniones el 7 y el 8 de agosto de 1809 para organizar el retiro de Ruiz de Castilla y el establecimiento de una junta. La noche del 9 se reunieron en la casa de Manuela Cañizares. Cuando el capitán Salinas logró que las tropas del cuartel se sumaran, Antonio Ante se dirigió al Palacio de la Audiencia y, en nombre de la Junta Suprema Gubernativa, depuso al presidente, según Alfonso Ortiz Crespo.

Rodríguez O. relata que el presidente fue despertado esa mañana y se le notificó que había sido depuesto; Landázuri Camacho añade que quedó preso en sus propias habitaciones. El miedo corría en ambos bandos. Muchos temían, según Rodríguez O., que el presidente aceptara el gobierno francés con tal de conservar su puesto, y entre los peninsulares circulaban rumores de que algunos chapetones planeaban asesinar a la nobleza quiteña el 19 de agosto de 1809. Ese clima de desconfianza ayuda a entender un golpe que, como sostiene el mismo autor, no buscaba separarse de la monarquía sino resguardar el reino para Fernando VII. El episodio se narra con más detalle en El 10 de agosto de 1809.
La reposición y el castigo (octubre-diciembre de 1809)
La Junta quedó aislada. Otavalo, Ibarra y Ambato fueron las únicas poblaciones que se adhirieron a ella, y los gobernadores de Guayaquil, Cuenca y Popayán, junto con los virreyes de Lima y Santa Fe, se prepararon para someterla. Selva Alegre renunció a la presidencia de la Junta el 12 de octubre y el conde de Selva Florida, Juan José Guerrero, sirvió de intermediario con Ruiz de Castilla. El 24 de octubre se acordó que el presidente depuesto retomara el cargo, que absolviera a los miembros de la Junta de las consecuencias de sus actos y que no se tomaran represalias.
El pacto duró poco. Landázuri Camacho afirma que Ruiz de Castilla asumió el mando el 29 de octubre y que al principio cumplió lo acordado, pero que al llegar las tropas enviadas desde Lima, al mando de Manuel Arredondo, disolvió la Junta y comenzó la represión. Rodríguez O. precisa que el 2 de noviembre restableció los impuestos y los estancos. El 4 de diciembre de 1809 ordenó publicar por bando un auto de prisión y secuestro de bienes contra los involucrados en el golpe, y Vásquez Hahn calcula que unos ochenta vecinos, entre marqueses, comerciantes, abogados, clérigos, militares y gente común, fueron encarcelados. Ortiz Crespo habla de cerca de un centenar de patriotas presos en el cuartel y afirma que el conde actuó «faltando a su palabra». Según Vásquez Hahn, una vez respaldado por más de mil militares que sitiaban la ciudad, el presidente cambió de parecer y decidió dar un «castigo ejemplar» a los insurgentes.
El fiscal Tomás Aréchaga pidió la pena de muerte para cuarenta y seis acusados y el exilio perpetuo para el resto, pero Ruiz de Castilla transfirió los procesos a Santa Fe para que el virrey juzgara el caso, según Rodríguez O.
Ruiz de Castilla ante la masacre del 2 de agosto de 1810
Los presos permanecieron meses en el cuartel. Vásquez Hahn recoge que desde julio de 1810 existía la amenaza de que, ante el menor intento de liberarlos, serían pasados por las armas. El 2 de agosto un grupo de quiteños asaltó el cuartel; los presos fueron asesinados en sus celdas y las tropas limeñas se extendieron por la ciudad. Las estimaciones hablan de unas trescientas víctimas, aunque Landázuri Camacho juzga que las cifras más creíbles oscilan entre cien y trescientas. La masacre del 2 de agosto de 1810 se narra en detalle en su propia página; aquí interesa la conducta del presidente.

Según Vásquez Hahn, las autoridades locales consideraron la represión como la justa reacción ante una nueva sublevación. El presidente prohibió las honras fúnebres a las víctimas y el 4 de agosto dispuso una misa de acción de gracias y luminarias por las noticias favorables llegadas de la Península. Ese mismo día, con su autorización, un cabildo abierto reunido en el palacio resolvió poner fin a las persecuciones contra los participantes de 1809, devolverles la libertad y los bienes, y librarse cuanto antes de las tropas de Lima, según Morelli. Landázuri Camacho añade que se resolvió recibir a Carlos Montúfar, el comisionado regio que las autoridades realistas se habían resistido a admitir.
Vásquez Hahn recuerda que el presidente había pedido al virrey de Santa Fe que demorara en Bogotá a Carlos Montúfar hasta que se resolviera la causa contra los insurgentes quiteños. Montúfar llegó a Quito el 12 de septiembre de 1810, cuando ya se había producido la matanza.
La segunda Junta y la caída definitiva (1810-1812)
El Consejo de Regencia había designado a Joaquín de Molina para reemplazar a Ruiz de Castilla; la designación se expidió el 14 de abril de 1810, pero Molina no pudo entrar en Quito y gobernó desde Cuenca. El 22 de septiembre de 1810 se instaló una segunda junta gubernativa que conservó a Ruiz de Castilla en la presidencia, según el texto citado por Vásquez Hahn, «para autorizar con su presencia, y aún con su firma» las acciones del nuevo gobierno; Selva Alegre fue vicepresidente.
La convivencia no sobrevivió al año siguiente. El 6 de octubre de 1811 llegaron a Quito los pliegos con la real orden de la Regencia que aprobaba la Junta Superior de Gobierno. Según Jacinto Jijón y Caamaño, citado por Vásquez Hahn, el pueblo lejos de felicitarse vio en esa orden el anuncio de nuevas calamidades y el 11 de octubre se amotinó para pedir la expulsión del presidente español. El acta de ese día depuso a Ruiz de Castilla y nombró al obispo Cuero y Caicedo presidente de la Junta. Se abría así la etapa del Congreso de 1811 y del Pacto Solemne de 1812.
El conde se había retirado a la Recoleta de la Merced, en El Tejar. Ortiz Crespo señala que los mercedarios habían participado a favor de los patriotas, pero que allí buscó refugio el conde. En la primera quincena de junio de 1812 corrieron rumores de que los realistas conspiraban para retomar el poder, y las sospechas apuntaban al propio Ruiz de Castilla. El 15 de junio la multitud atacó los bienes de los realistas Calixto y Sáenz de Vergara y sacó al expresidente de la Recoleta. Fue golpeado y arrastrado por las calles. Vásquez Hahn escribe que murió en el cuartel luego de tres días de agonía; Ortiz Crespo, que fue conducido a palos hasta la Plaza Mayor, donde miembros del Cabildo lo rescataron, y que murió tres días después a causa de la gravedad de sus heridas. Ambas versiones coinciden en el plazo y difieren en el lugar.
Lecturas historiográficas: ¿anciano débil o autoridad desbordada?
La bibliografía ofrece retratos distintos. Para Rodríguez O. fue un hombre débil que asumió el puesto como retiro, y su indiferencia alimentó el deseo de los quiteños de sustituirlo. Landázuri Camacho subraya su falta de sagacidad con la aristocracia local y registra que en octubre de 1809 pactó y al principio cumplió lo acordado. Gutiérrez Ardila ve en el proceso de 1809 una advertencia torpe que terminó acelerando lo que quería evitar.
Vásquez Hahn aporta un matiz distinto: parte de la imagen del anciano incompetente fue construida por sus adversarios. Los insurgentes usaron las fiestas de toros para desacreditarlo, y los gobernadores de Guayaquil, Cuenca y Popayán alegaron su edad y sus enfermedades para disputarle la presidencia. Manuel José Caicedo cuenta que el gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, habría ofrecido reponerlo en el cargo a condición de que renunciara en su favor. La autora observa también que los episodios de 1808 pusieron en guardia al presidente frente a Morales, Rodríguez de Quiroga, Salinas y el obispo, a quienes pudo identificar como sus futuros enemigos políticos.
Hay además una cuestión de encuadre. Rodríguez O. sostiene que la Revolución de Quito de 1809 no fue un movimiento de independencia sino una reacción local ante la crisis de la monarquía española. Visto así, la Junta no se alzó contra el rey sino contra un funcionario al que consideraba incapaz de defender el reino, y el conde fue menos el símbolo de un régimen que se quería abolir que la autoridad concreta a la que se quería reemplazar.
Cronología
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 31 de julio de 1808 | Ruiz de Castilla llega a Quito |
| 9 de agosto de 1808 | Pide al Cabildo suspender las corridas en su honor |
| 30 de noviembre y 5 de diciembre de 1808 | Oficios al rector de San Luis y al obispo sobre los permisos de toros |
| 25 de diciembre de 1808 | Reunión de criollos en Chillo Compañía |
| Marzo de 1809 | Arresto de los acusados del primer proceso |
| 10 de agosto de 1809 | La Junta lo depone |
| 12 de octubre de 1809 | Renuncia de Selva Alegre a la presidencia de la Junta |
| 24 de octubre de 1809 | Acuerdo que lo repone (29 de octubre, según Landázuri Camacho, asume el mando) |
| 2 de noviembre de 1809 | Restablece impuestos y estancos |
| 4 de diciembre de 1809 | Auto de prisión y secuestro de bienes |
| 2 de agosto de 1810 | Matanza en el cuartel; el 4, misa de gracias ordenada por el presidente |
| 22 de septiembre de 1810 | Segunda Junta; Ruiz de Castilla conserva la presidencia |
| 11 de octubre de 1811 | Es depuesto; el obispo Cuero y Caicedo lo reemplaza |
| 15 de junio de 1812 | La multitud lo saca de la Recoleta de la Merced |
| Junio de 1812 | Muere tres días después |
Conclusión
El conde aparece en la historia ecuatoriana como el presidente al que depuso la Junta de 1809, pero su papel fue más que el de un obstáculo. Sus decisiones marcaron tres momentos del período: el proceso a los conjurados de 1808-1809, que según Gutiérrez Ardila precipitó el golpe; la reposición y el auto de diciembre de 1809, que abrieron el camino a la matanza; y su aquiescencia ante la represión de 1810, que lo dejó sin respaldo local.

La memoria pública de Quito honra a los próceres de 1809 y 1810 con el monumento de la Plaza Grande, no a quien los combatió. Entre la caricatura del anciano ocioso y la del tirano, las fuentes muestran a un funcionario de edad avanzada, formado en la represión de levantamientos andinos, que gobernó una Audiencia debilitada en el momento en que la élite local perdió la paciencia. Su muerte violenta en 1812 confirma hasta qué punto se había radicalizado la ciudad desde aquella madrugada de agosto en que fue notificado de su deposición.
Fuentes y bibliografía
- Gutiérrez Ardila, Daniel. «Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito (1809)». Fronteras de la Historia 12 (2007): 341-370.
- Landázuri Camacho, Carlos. «Antecedentes y desarrollo de la independencia ecuatoriana». Boletín Spondylus, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (versión ampliada de un trabajo publicado en Juristas de la independencia, Madrid: Marcial Pons, 2012).
- Morelli, Federica. «Las declaraciones de independencia en Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados».
- Ortiz Crespo, Alfonso. «El plano de la ciudad en los umbrales de la revolución quiteña». Fondo Histórico de Quito (texto sobre el plano de Quito de comienzos del siglo XIX).
- Rodríguez O., Jaime E. «Los orígenes de la Revolución de Quito en 1809». Procesos 34 (II semestre 2011): 91-135.
- Vásquez Hahn, María Antonieta. El trasfondo político de las fiestas de toros a inicios del siglo XIX en Quito. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2021.
Fuentes primarias
- «Libro de varias Cartas de Oficio que despacha por esta su Secretaría el Exmo. Sor. Conde Ruiz de Castilla». Quito, agosto de 1808 a octubre de 1811. Fondo Jijón y Caamaño 295, Archivo Histórico del Ministerio de Cultura (citado por Vásquez Hahn).
- Oficios de Ruiz de Castilla al Cabildo (9 de agosto de 1808), al rector del Seminario de San Luis (30 de noviembre de 1808) y al obispo Cuero y Caicedo (5 de diciembre de 1808), citados por Vásquez Hahn.
- Oficio de Ruiz de Castilla al regidor José González Bustillo, Quito, 4 de agosto de 1810 (citado por Vásquez Hahn).
- Carta de Manuel José Caycedo a Juan José Guerrero, Quito, 18 de octubre de 1809 (citada por Vásquez Hahn).
- William Bennet Stevenson, Narración histórica y descriptiva de 20 años de residencia en Sudamérica (Quito: Abya-Yala, 1994), citado por Vásquez Hahn.
Nota sobre fechas y fuentes
Las fuentes discrepan en varios puntos. El apellido del conde aparece como Urriés o Urriez. Vásquez Hahn fecha su llegada a Quito el 31 de julio de 1808, mientras Landázuri Camacho dice que presidía la Audiencia desde agosto. Para la reposición de 1809, Vásquez Hahn y Rodríguez O. dan el 24 de octubre y Landázuri Camacho señala que asumió el mando el 29. Sobre las víctimas del 2 de agosto de 1810, Vásquez Hahn y Ortiz Crespo hablan de unas trescientas y Landázuri Camacho de entre cien y trescientas. Sobre la muerte de 1812, Vásquez Hahn la sitúa en el cuartel y Ortiz Crespo tras el rescate en la Plaza Mayor. Landázuri Camacho fecha la presidencia de Molina entre noviembre de 1810 y junio de 1812, mientras Vásquez Hahn indica que la designación se expidió el 14 de abril de 1810. Se ha mantenido cada versión. La edad de 84 años proviene de Rodríguez O.; el año de nacimiento no consta en las fuentes consultadas. El artículo no recurre a fuentes externas al corpus del proyecto.
Ver también
- El 10 de agosto de 1809
- La masacre del 2 de agosto de 1810
- Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre
- José Cuero y Caicedo
- El barón de Carondelet
- Independencia
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Soy docente en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales, y ejerzo la docencia desde 2020 tanto en el sector público como privado. La historia universal ha sido una pasión constante en mi vida, y de ahí nació la inquietud detrás de este proyecto: en años de investigar y recopilar información sobre la historiografía de mi país, me encontré una y otra vez con datos dispersos, imprecisos o directamente erróneos circulando en la red.
Ecuador en la Historia nace de esa necesidad —reunir en un solo espacio una historiografía rigurosa, verificable y bien fundamentada— y también de dos pasiones que confluyen aquí: mi fascinación por un pasado que encuentro tan misterioso y mitológico como desafiante, y mi interés por el futuro: la tecnología y las nuevas metodologías para investigar, organizar y compartir el conocimiento histórico.
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