Actualizado el 17 de agosto de 2026Publicado el 9 de agosto de 2026
Introducción
El 10 de agosto de 1809, un grupo de criollos quiteños depuso a las autoridades españolas de la Real Audiencia de Quito y constituyó una Junta Suprema de Gobierno, en uno de los primeros movimientos de este tipo en la América española tras la crisis de la monarquía provocada por la invasión napoleónica a España. El episodio, conocido tradicionalmente como el “Primer Grito de Independencia”, inauguró un proceso político breve, precario y finalmente derrotado, pero que dejó una huella profunda en la memoria histórica del Ecuador.
El movimiento no debe entenderse, sin embargo, como una declaración de independencia en el sentido moderno del término. Los propios protagonistas insistieron en que actuaban en nombre de Fernando VII, el monarca legítimo “preso y desterrado” por Napoleón Bonaparte, y no como insurgentes contra la Corona. Esa ambigüedad entre la lealtad declarada al rey y la ruptura de facto con las autoridades coloniales atraviesa toda la historia de la Junta de 1809 y sigue siendo objeto de debate historiográfico.
Esta página reconstruye los antecedentes, los hechos del 10 de agosto, el contenido del acta fundacional, las reacciones desiguales que provocó en las distintas provincias de la Audiencia, su disolución violenta en 1810, la segunda Junta de 1811-1812 y el restablecimiento del dominio español que se prolongó hasta 1820.
Índice de contenidos
Antecedentes: la crisis de la monarquía y la conspiración de 1808
La invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 dejó a España sin un rey reconocido: Fernando VII había sido obligado a abdicar en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. En España surgieron juntas provinciales que reclamaban gobernar en nombre del monarca cautivo, entre ellas la Junta de Sevilla. La noticia de este vacío de autoridad llegó a América y planteó una pregunta que resultaría explosiva: si el rey ya no podía ejercer el poder directamente, ¿en quién recaía la soberanía en sus dominios?
En Quito, un grupo de notables criollos interpretó que la respuesta debía ser semejante a la peninsular: formar una Junta local que gobernara “a nombre” de Fernando VII mientras durara su cautiverio. Un primer intento en ese sentido fue descubierto por las autoridades coloniales en 1808 y sofocado antes de concretarse. Lejos de desanimar a los conspiradores, el fracaso de 1808 sirvió de ensayo para el movimiento que estallaría al año siguiente (De la Torre Reyes, 1961).
La noche del 9 de agosto: la reunión en casa de Manuela Cañizares
Los preparativos inmediatos se aceleraron en los primeros días de agosto de 1809. El día 8, varios vecinos de Quito firmaron poderes autorizando a determinados representantes a participar en la formación de una Junta, sin que las autoridades españolas lo advirtieran. Ese mismo día, en la casa de Javier de Ascázubi se reunieron algunos de los principales artífices del movimiento: el doctor Juan de Dios Morales, el capitán Juan Salinas, el doctor Manuel Rodríguez de Quiroga, el doctor Juan Pablo Arenas y Antonio Bustamante, quienes terminaron de definir el plan.
La noche siguiente, la del 9 de agosto, cerca de cincuenta personas se reunieron en la casa de Manuela Cañizares para resolver la ejecución del proyecto. Allí, hasta la medianoche, se redactó el texto que se convertiría en el acta fundacional de la Junta. Concluida la redacción, el capitán Juan Salinas, nombrado coronel esa misma noche, fue enviado al cuartel, donde se guarnecían alrededor de 150 soldados, veinte de los cuales ya estaban comprometidos con el movimiento. Salinas leyó el acta a la tropa y, apelando a las consignas de “Religión, Rey y Patria”, logró sumar al resto de la guarnición.
La participación de Manuela Cañizares en el episodio, prestando su casa como sede de la última reunión conspirativa, ha sido especialmente recordada por la historiografía y la tradición popular quiteña, aunque los detalles biográficos que rodean su figura están documentados de forma mucho más fragmentaria que los de los dirigentes varones del movimiento.
El acta de la Junta Suprema de Quito
Contenido y estructura del documento
El acta, firmada “en el Palacio Real de Quito, a diez de agosto de mil ochocientos nueve”, declara solemnemente el cese en sus funciones de los magistrados que gobernaban la capital y sus provincias. En su lugar, los vecinos de cada barrio de Quito (Catedral o centro, San Sebastián, San Roque, San Blas, Santa Bárbara y San Marcos) eligieron representantes propios, cuyos nombres y firmas quedaron consignados en el documento.
Los representantes de los seis barrios, junto con los de los cabildos de las provincias sujetas a la gobernación de Quito y las que voluntariamente se sumaran (se mencionaba expresamente a Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, entonces dependientes de los virreinatos de Lima y Santa Fe), compondrían una Junta Suprema encargada de gobernar “interinamente” en representación de Fernando VII, hasta que este recuperara la Península o viniera a reinar en América.
El acta nombró como ministros o secretarios de Estado, miembros natos de la Junta, a Juan de Dios Morales (Negocios Extranjeros y de la Guerra), Manuel Rodríguez de Quiroga (Gracia y Justicia) y Juan de Larrea (Hacienda). El marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, fue designado presidente de la Junta, mientras que el hasta entonces presidente de la Real Audiencia, el conde Ruiz de Castilla, fue depuesto y puesto bajo custodia.
“Dado y firmado en el Palacio Real de Quito, a diez de agosto de mil ochocientos nueve […] El que disputare la legitimidad de la Junta Suprema constituida por esta acta tendrá toda libertad, bajo la salvaguardia de las leyes, de presentar por escrito sus fundamentos y una vez que se declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará a prestar obediencia, lo que no haciendo se lo tendrá y tratará como reo de estado.”
Acta de la constitución de la Junta Suprema de Quito, 10 de agosto de 1809
Los firmantes
Cada barrio eligió uno o varios representantes principales, respaldados por decenas de firmas de vecinos que actuaron como electores y testigos:
| Barrio | Representante(s) electo(s) |
| Catedral (centro) | Marqueses de Selva Alegre y Solanda |
| San Sebastián | Manuel Zambrano |
| San Roque | Marqués de Villa Orellana |
| San Blas | Manuel de Larrea |
| Santa Bárbara | Marqués de Miraflores |
| San Marcos | Manuel Matheu |
Junto a ellos, decenas de vecinos más estamparon su firma en el acta en representación de cada barrio, entre otros Manuel de Angulo, Antonio Pineda, Manuel Cevallos, Nicolás Vélez, José Rivadeneira, Juan Coello, Ramón Maldonado, Toribio Ortega y Francisco Javier de Ascázubi. El número de firmantes, superior a treinta solo entre los electores de barrio, ha sido interpretado como evidencia del respaldo relativamente amplio que el movimiento tuvo entre el vecindario quiteño, aunque circunscrito casi por completo a la capital.
El manifiesto a los pueblos de América y los fundamentos ideológicos
El 16 de agosto de 1809, el acta fue ratificada públicamente por “los cuerpos de la República, Religión y Pueblo noble” en la sala capitular del convento de San Agustín. Los asistentes juraron ante el obispo “no reconocer jamás la dominación de Bonaparte, ni de otro rey intruso; conservar en su unidad y pureza la religión católica, y hacer todo el bien posible a la Nación y a la Patria”.
Ese mismo día, recién nombrado ministro de Gracia y Justicia, Manuel Rodríguez de Quiroga proclamó que “la sacrosanta Ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII, perseguido y desterrado de la Península, han fijado su augusta mansión en Quito”, presentando a la ciudad como un “baluarte inexpugnable” frente a Napoleón Bonaparte, a quien llamaba “el común invasor de las naciones”.
Detrás de ese discurso de lealtad monárquica y religiosa circulaban también referencias intelectuales más radicales. Investigaciones sobre la retórica de la Junta (Lomné, 2013) han identificado en los discursos de Quiroga y en textos difundidos por el profesor Miguel Antonio Rodríguez ecos de la “libertad de los antiguos” (el ideario republicano y iusnaturalista de autores como Cicerón o Mably) e incluso la posible circulación en Quito de una edición de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un folleto de tono mucho más radical que las declaraciones oficiales de la Junta.
Conviene no confundir estos dos planos. En su discurso público y en los documentos oficiales, la Junta se presentó siempre como leal a Fernando VII y a la religión católica, nunca como un movimiento independentista. Años después, durante su proceso judicial, el propio Quiroga argumentaría que el “delito de alta traición” que se le imputaba correspondía, en realidad, a un “exceso de lealtad” hacia el rey. Sin embargo, el efecto práctico del acta (deponer a las autoridades españolas y asumir el gobierno de forma autónoma) constituía de hecho una ruptura política que las autoridades virreinales no estaban dispuestas a tolerar.
Reacciones en las provincias de la Audiencia
Territorios que respaldaron la Junta
Los corregimientos de Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Alausí, todos pertenecientes a la Presidencia de Quito, reconocieron a la Junta Suprema. Fuera de ese territorio, sin embargo, la Junta encontró casi exclusivamente resistencia.
Cuenca: entre la resistencia oficial y las simpatías insurgentes
La noticia de los sucesos de Quito llegó a Cuenca el 16 de agosto de 1809. El cabildo cuencano, controlado por el gobernador y el obispo Quintián Ponte, conformó una Junta Auxiliar para oponerse a la de Quito e implantó un régimen de vigilancia y procesos judiciales contra cualquiera que hubiera mostrado simpatía por el movimiento quiteño.
La investigación histórica reciente matiza, sin embargo, la imagen de Cuenca como bastión realista homogéneo: hubo también vecinos cuencanos, como Joaquín Antonio Calderón y Salazar, que respaldaron en privado la propuesta quiteña y que fueron procesados, junto con familiares y sacerdotes cercanos, mediante embargo de bienes, destierro y prisión (Carrasco Vintimilla, 2010). Esta ambigüedad cuencana se prolongaría hasta la independencia de la ciudad, declarada finalmente el 3 de noviembre de 1820.
Guayaquil y la ausencia de un puerto propio
Guayaquil tampoco se sumó a la Junta de Quito. La consecuencia práctica fue grave: sin acceso a un puerto propio, la Junta quiteña no pudo comprar armas ni municiones en el exterior. Según los relatos de la época, apenas disponía de setecientos u ochocientos fusiles viejos y remendados, una base militar claramente insuficiente para sostener un enfrentamiento prolongado con las fuerzas virreinales.
Pasto: la resistencia realista y la expedición fallida
La provincia de Pasto se convirtió en el frente más hostil a la Junta de Quito. Sus autoridades respondieron con un bando que amenazaba con la pena de “lesa majestad” a quien se adhiriera a los “revoltosos de Quito”, invocando el precedente de 1802, cuando tres líderes de una revuelta tributaria en Túquerres (Lorenzo Piscal, Ramón Cucas Remo y Julián Carlosama) fueron decapitados y sus cabezas expuestas públicamente (Bastidas Urresty, s. f.). La Junta quiteña organizó una expedición militar hacia Pasto que fracasó por la división de sus fuerzas y la superioridad realista, en uno de los episodios que anticiparon el colapso militar del movimiento.
Riobamba y las posiciones indígenas
La posición de la población indígena frente a la revolución de Quito estuvo lejos de ser uniforme. Algunos caciques, como los de Otavalo y Cotacachi, se declararon favorables a los revolucionarios quiteños. En el Corregimiento de Riobamba, en cambio, la mayoría de los caciques de la sierra central adoptó una posición realista y organizó la contrarrevolución local, mientras que los indios del común se movilizaron, según los casos, tanto contra las autoridades coloniales como contra los propios criollos patriotas.
La historiadora Rosario Coronel Feióo (2009) ha planteado que esa ruptura no era casual: la misma élite quiteña que lideraba la revolución de 1809 había estado comprometida, pocos años antes, en la represión del levantamiento indígena de 1803 en la propia región de Riobamba, lo que dificultó cualquier identificación automática entre el proyecto criollo y las comunidades indígenas.
Durante los años posteriores a 1809, los corregidores realistas de Riobamba llegaron a enviar un promedio de ciento cincuenta indios mensuales para abastecer al ejército que combatía a Quito.
El cerco militar y la disolución de la primera Junta
Las primeras decisiones diplomáticas de la Junta revelaron, según varios historiadores (Andrade, 1982), cierta ingenuidad política: se enviaron oficios a los virreyes de Lima y Santa Fe de Bogotá, de quienes dependía directamente la Presidencia de Quito, invitándolos a formar juntas independientes semejantes a la quiteña, como si pudieran convertirse en aliados en lugar de adversarios directos.
La respuesta fue la esperable: el virrey de Lima envió una fuerza militar que cercó Quito, mientras que el virrey de Santa Fe de Bogotá dispuso la invasión por el norte. Sin apoyo de Cuenca, Guayaquil o Pasto, sin armamento suficiente y sin una milicia capaz de sumar a los sectores populares, la Junta Soberana, débil y cercada, terminó por disolverse hacia fines de 1809. Las autoridades españolas ofrecieron en un primer momento “perdón y olvido”, pero poco después apresaron a cerca de un centenar de revolucionarios, a quienes se condenó con sentencias de muerte y expulsión.
La masacre del 2 de agosto de 1810
El 2 de agosto de 1810, el pueblo de Quito intentó tomar las prisiones y cuarteles donde permanecían detenidos los protagonistas del 10 de agosto de 1809. Las tropas realistas utilizaron el intento como pretexto para ejecutar una matanza de los presos, entre ellos varios de los principales dirigentes del movimiento, como Juan de Dios Morales. Aquella represión, recordada como una de las páginas más sangrientas del proceso independentista quiteño, contribuyó a radicalizar el ánimo de los sectores patriotas en distintas regiones de América del Sur.
La segunda Junta de Gobierno y el Pacto Solemne de 1812
En 1811 se estableció una nueva Junta Soberana en Quito. Su rumbo cambió con la llegada de Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, comisionado como representante del Consejo de Regencia español, cuya influencia resultó decisiva en la formación de una nueva Junta de Gobierno. El 15 de febrero de 1812, un congreso local aprobó los Artículos del Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito, atribuido a Miguel Antonio Rodríguez, que suele considerarse la primera carta constitucional quiteña.
El Pacto Solemne reconocía a Fernando VII como monarca “siempre que, libre de la dominación francesa […] pueda reinar, sin perjuicio de esta constitución”, e introdujo al mismo tiempo un sistema de representación popular, división de poderes, gobierno electivo y responsable, y alternabilidad en las funciones públicas. Como ha señalado la historiadora Federica Morelli (2014), el documento no buscaba suprimir el orden anterior sino “perfeccionar las leyes antiguas”, una fórmula que resume bien la tensión entre continuidad monárquica y novedad representativa que caracterizó a todo el proceso de 1809-1812.
El restablecimiento del dominio español (1812-1820)
Al igual que la primera, la segunda Junta fue derrotada militarmente por las fuerzas españolas. Hacia finales de 1812, el territorio de la antigua Presidencia de Quito estaba de nuevo firmemente controlado por la Corona. El proceso independentista solo se reactivaría casi una década después, con la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820 y la de Cuenca el 3 de noviembre del mismo año, y culminaría con la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, cuando el ejército patriota dirigido por Antonio José de Sucre derrotó a las fuerzas españolas y Quito se incorporó a la República de Colombia.
Entre la lealtad y la revolución: interpretaciones historiográficas
El carácter exacto del movimiento de 1809 ha sido objeto de un largo debate historiográfico. Autores como Jacinto Jijón y Caamaño o Julio Tobar Donoso, calificados en su momento de “revisionistas” o “tradicionalistas”, insistieron en leer el movimiento como una expresión de fidelidad monárquica antes que como un proyecto independentista (cf. Lynch, 1976), en línea con la propia defensa que Quiroga haría de su actuación durante el proceso judicial que enfrentó tras la disolución de la primera Junta.
Otras lecturas ponen el acento en el carácter social del proceso. Según esta perspectiva, los protagonistas del movimiento fueron sobre todo grandes propietarios de tierra para quienes la burocracia española representaba un obstáculo político y económico; una vez en el poder, suprimieron las contribuciones que pesaban sobre los blancos mientras mantenían el tributo indígena.
Junto a ellos, un grupo más reducido de intelectuales de capas medias, entre los que suelen destacarse Morales y Quiroga, aportaron el sesgo ideológico más radical del movimiento (Demélas y Saint-Geours, 1988; Landázuri Camacho, 1989). Ambas lecturas (la de la lealtad monárquica y la del interés de clase) no son necesariamente excluyentes, y ayudan a explicar por qué el episodio combina, a la vez, un discurso de fidelidad al rey y una ruptura política de facto con el orden colonial.
Legado y conmemoración
El 10 de agosto se conmemora hoy como fiesta cívica nacional y se recuerda popularmente como el “Primer Grito de Independencia” de Ecuador. Sin embargo, como muestra la reconstrucción anterior, el proceso real fue mucho más fragmentario, regionalmente disputado e ideológicamente ambiguo de lo que sugiere ese nombre conmemorativo: una Junta de vida breve, circunscrita casi por completo a Quito y a un puñado de corregimientos vecinos, derrotada militarmente en menos de un año, seguida por una segunda Junta también derrotada, y por más de una década de dominio español restablecido hasta la Batalla de Pichincha de 1822.
Cronología
| Fecha | Suceso |
| 1808 | Se descubre una conspiración de notables quiteños contra el gobierno colonial. |
| 8 de agosto de 1809 | Los vecinos de Quito firman poderes para nombrar representantes ante la futura Junta. |
| Noche del 9 de agosto de 1809 | Reunión en casa de Manuela Cañizares; redacción del acta. |
| 10 de agosto de 1809 | Firma del acta; constitución de la Junta Suprema; deposición del conde Ruiz de Castilla. |
| 16 de agosto de 1809 | Ratificación pública del acta en el convento de San Agustín; juramento y manifiesto de la Junta. |
| 1809-1810 | Cerco militar de los virreinatos de Lima y Santa Fe; disolución de la primera Junta. |
| 2 de agosto de 1810 | Masacre de los presos revolucionarios en Quito. |
| 1811 | Se establece una nueva Junta Soberana. |
| 15 de febrero de 1812 | Se aprueba el Pacto Solemne de Sociedad y Unión, primera carta constitucional quiteña. |
| Finales de 1812 | Las fuerzas españolas derrotan a la segunda Junta; se restablece el gobierno colonial. |
| 9 de octubre de 1820 | Independencia de Guayaquil. |
| 3 de noviembre de 1820 | Independencia de Cuenca. |
| 24 de mayo de 1822 | Batalla de Pichincha; Quito se incorpora a la República de Colombia. |
Galería de imágenes
Esta sección se actualizará progresivamente con imágenes relacionadas con la Junta Suprema de Quito de 1809 -retratos de sus protagonistas, reproducciones del acta y grabados de la época-, debidamente documentadas, conforme avance el desarrollo de la Biblioteca Gráfica de Ecuador en la Historia.
Conclusión
La Junta Suprema de Quito del 10 de agosto de 1809 fue, ante todo, un experimento de gobierno autónomo precario y de corta duración, sostenido casi en exclusiva por Quito y un puñado de corregimientos vecinos, y derrotado militarmente en menos de un año. Su importancia histórica, sin embargo, no depende de su éxito inmediato: fue el primer intento organizado en la Real Audiencia de Quito de sustituir a las autoridades peninsulares por un gobierno local en nombre de un rey cautivo, y sentó un precedente que reaparecería, con matices distintos, en la segunda Junta de 1811-1812 y en el Pacto Solemne.
El episodio también ilustra las tensiones que atravesaron todo el proceso independentista andino: la ambigüedad entre la lealtad declarada a Fernando VII y la ruptura de facto con el orden colonial, las divisiones entre Quito y las provincias vecinas -Cuenca, Guayaquil y Pasto no respaldaron el movimiento-, y la relación desigual entre la élite criolla y las poblaciones indígenas, que respondieron al llamado quiteño de manera heterogénea y, en ciertos casos, hostil hacia sus antiguos represores locales.
Trece años separan el 10 de agosto de 1809 de la independencia definitiva, alcanzada recién en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Ese largo intervalo -marcado por la masacre de 1810, la segunda Junta y el restablecimiento del dominio español hasta 1820- recuerda que la independencia del Ecuador no fue un acontecimiento único, sino un proceso fragmentado y disputado, del que la Junta de 1809 constituye el primer capítulo y no su desenlace.
Fuentes y bibliografía
El contenido de esta página se apoya en el texto del acta original y en estudios especializados sobre la revolución quiteña de 1809 y sus repercusiones regionales.
Fuente primaria
- Acta de la constitución de la Junta Suprema de Quito, 10 de agosto de 1809. Publicada en Carlos de la Torre Reyes, La Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, Quito: Banco Central del Ecuador, 1990, pp. 214-217. Copia conservada en el Archivo General de la Nación (Bogotá), Sección de la Colonia, Archivo Anexo, Historia, rollo 5, f. 609-611.
Estudios generales y síntesis
- Andrade, Roberto. 1982. Historia del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Borrero, Manuel María. 1962. La revolución quiteña, 1809-1812. Quito: Espejo.
- De la Torre Reyes, Carlos. 1961. La revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, sus vicisitudes y su significación en el proceso general de la emancipación hispanoamericana. Quito: Talleres Gráficos de la Educación.
- Landázuri Camacho, Carlos. 1989. «Independencia del Ecuador 1809-1822». En Nueva Historia del Ecuador, vol. 6. Quito.
- Lynch, John. 1976. Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826. Barcelona: Ariel.
- Demélas, Marie-Danielle, e Yves Saint-Geours. 1988. Jerusalén y Babilonia: religión y política en el Ecuador, 1780-1880. Quito: Corporación Editora Nacional / IFEA.
Estudios regionales y temáticos
- Carrasco Vintimilla, Manuel. 2010. «Posiciones insurgentes en Cuenca en torno al 10 de agosto de 1809». Revista Pucará 22: 137-143.
- Coronel Feióo, Rosario. 2009. «Los indios de Riobamba y la Revolución de Quito, 1757-1814». Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia 30: 109-122.
- Bastidas Urresty, Edgar. La Vendée Americana I: Las guerras de Pasto.
- Lomné, Guillaume. 2013. «Quito al compás de la libertad de los Antiguos (1809-1812)». En Ecuador y Francia: diálogos científicos y políticos (1735-2013).
- Maiguashca, Juan. «República». Capítulo sobre el Pacto Solemne de 1812 y la formación del concepto de república en el Ecuador temprano.
- Morelli, Federica. 2014. «El Pacto quiteño de 1812: algunas reflexiones en torno al primer constitucionalismo ecuatoriano». En Enrique Ayala Mora (ed.), Historia Constitucional. Estudios comparados. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional, pp. 179-192.
Ver también
Para situar este episodio dentro del proceso histórico más amplio del Ecuador, estas secciones del sitio ofrecen contexto complementario:
- La masacre de los próceres del 2 de agosto de 1810: qué les ocurrió un año después a los firmantes de esta acta.
- Conquista y Colonia: el período virreinal previo a 1809.
- República: el período que se abre tras la independencia definitiva de 1820-1822.
Seguir leyendo
Si esto te interesó, hay más
Avisamos por correo cuando sale una entrada nueva. Nada más: sin boletines semanales ni relleno.