Actualizado el 21 de septiembre de 2026
Introducción
Para 1954, casi cuatro de cada diez ecuatorianos dependían directamente de la tierra, pero la mayor parte de las parcelas cultivables se concentraba en unos pocos cientos de propietarios. En los Andes, decenas de miles de campesinos indígenas vivían bajo el sistema del huasipungo: trabajaban en la hacienda varios días por semana a cambio de un pequeño lote prestado, sin salario y sin derecho de propiedad. Ese orden agrario, heredado casi intacto de la Colonia, empezó a resquebrajarse entre 1964 y 1973, cuando dos gobiernos militares sucesivos aprobaron sendas leyes de reforma agraria.
La primera, sancionada en julio de 1964 por la Junta Militar que gobernaba el país desde el año anterior, abolió formalmente el huasipungo y creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). La segunda, de 1973, amplió el alcance de la reforma bajo el llamado nacionalismo revolucionario del general Guillermo Rodríguez Lara, en plena bonanza petrolera. Juntas, ambas leyes pusieron fin a una relación de trabajo que llevaba siglos vigente en la sierra ecuatoriana.
Sin embargo, la reforma agraria en Ecuador distó de resolver el problema estructural de la tierra. Este artículo recorre el régimen de hacienda que la precedió, el contenido de las dos leyes y de los decretos intermedios que las conectaron, sus resultados concretos y las limitaciones que, décadas después, seguirían alimentando la movilización campesina e indígena del país.
Índice de contenidos
Ficha técnica
| Primera ley | Ley de Reforma Agraria y Colonización, Decreto Supremo 1480 (11 de julio de 1964) |
| Gobierno emisor (1964) | Junta Militar de Gobierno (1963-1966), presidida por el contralmirante Ramón Castro Jijón |
| Institución creada | Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) |
| Decretos intermedios | Decreto 373 y Decreto 1001 (diciembre de 1970), bajo el quinto gobierno de Velasco Ibarra |
| Segunda ley | Segunda Ley de Reforma Agraria, Decreto 1172 (octubre de 1973) |
| Gobierno emisor (1973) | Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas, general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) |
| Institución afectada directamente | El sistema del huasipungo y las formas de trabajo precario en el campo |
| Fuentes principales | Germán Carrillo García, «La primera reforma agraria en los trópicos del Ecuador, 1964-1970» y «Sobre la reforma agraria en Ecuador, 1948-1973» |
| Última revisión | Septiembre de 2026 |
El régimen de hacienda y el sistema del huasipungo
La hacienda serrana había heredado, casi sin interrupciones, las formas de dominio sobre la tierra y la mano de obra establecidas durante la Colonia. En su centro estaba el gamonal, el propietario que combinaba el control de vastas extensiones con una influencia política que trascendía los límites de su propiedad. Alrededor de él se organizaba una compleja red de relaciones de trabajo coercitivas, sostenidas por códigos civiles y reglamentos municipales que, como recuerda un testimonio de la época, se hacían cumplir «con el látigo, el cepo o la simple paliza».
Dentro de ese sistema, el huasipungo era la figura más extendida. El huasipunguero recibía en usufructo un lote de tierra y el uso limitado de pastos, leña y agua; a cambio, debía trabajar entre cuatro y seis días por semana al servicio del hacendado, sin salario. La palabra ganó notoriedad literaria en 1934, cuando Jorge Icaza publicó su novela Huasipungo, que retrató con crudeza la explotación de los campesinos indígenas de la sierra y contribuyó a instalar el término en el debate público del país.
No era la primera vez que un gobierno ecuatoriano tocaba la propiedad de la tierra: en 1908, el gobierno de Eloy Alfaro y la Revolución Liberal había sancionado la llamada Ley de manos muertas, que expropió buena parte de los extensos latifundios en poder de la Iglesia católica. Pero fue recién a partir de 1944, con la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), cuando la demanda de una reforma agraria de fondo adquirió una organización estable. La FEI promovió huelgas y manifestaciones en distintas provincias de la sierra, y en diciembre de 1961 su III Congreso exigió públicamente, junto a la Confederación de Trabajadores del Ecuador, una «Reforma Agraria Radical y Democrática».
El censo agropecuario de 1954 retrató la magnitud de la desigualdad. Más de 250.000 explotaciones campesinas menores a 5 hectáreas ocupaban apenas el 7,2 por ciento de los 6 millones de hectáreas censadas como superficie agraria. En el extremo opuesto, los latifundios de entre 500 y más de 2.500 hectáreas, ya fuesen plantaciones costeñas o haciendas andinas, controlaban el 45 por ciento de la tierra cultivable, buena parte de ella inculta o escasamente productiva.
La Junta Militar de 1963 y el camino a la reforma
El presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, aunque había roto relaciones con la Cuba de Fidel Castro, no logró disipar la desconfianza de los sectores conservadores ni de Washington, en plena Guerra Fría. El 11 de julio de 1963 los militares tomaron el poder e instauraron la Junta Militar de Gobierno, presidida por el contralmirante Ramón Castro Jijón, con un marcado perfil anticomunista que se tradujo, entre otras cosas, en la persecución de dirigentes de izquierda y del movimiento indígena y campesino.
Paradójicamente, ese mismo gobierno fue el que impulsó la reforma agraria. La Alianza para el Progreso, el programa de cooperación impulsado por Estados Unidos tras la Revolución cubana, presionaba a los gobiernos de la región para adoptar reformas estructurales que descomprimieran el malestar rural sin tocar el modelo capitalista. El historiador Eric Hobsbawm resumió esa lógica al señalar que detrás de la retórica anticomunista no estaba tanto el temor a una dominación comunista mundial como la voluntad de Washington de mantener su supremacía en el continente.
La represión golpeó directamente a la organización que había impulsado la demanda de reforma. La maestra y dirigente comunista María Luisa Gómez de la Torre, secretaria de la FEI desde su fundación en 1944 y colaboradora cercana de la líder indígena Dolores Cacuango en los programas de alfabetización de Cotopaxi y Cayambe, debió pasar a la clandestinidad durante los años de la Junta Militar. Pese a ello, siguió recorriendo las provincias y contribuyó a la formación de nuevos referentes de la oposición, en un contraste revelador entre la persecución política del gobierno y la reforma agraria que ese mismo gobierno terminaría sancionando.
El 6 de abril de 1965, el propio gobierno militar solicitó a la Junta de Planificación un informe sobre los avances del país «en lo que se refiere a reformas estructurales, entre las cuales se cuenta la reforma agraria», con el fin de gestionar ayuda ante el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso. Entre 1961 y 1969, Ecuador recibió alrededor de 108 millones de dólares de ese programa en préstamos y fondos no reembolsables.
La Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964
Exactamente un año después de tomar el poder, el 11 de julio de 1964, la Junta Militar sancionó la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización mediante el Decreto Supremo 1480. La norma abolió el huasipungo como forma de trabajo y creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el organismo encargado de ejecutar los programas de expropiación, adjudicación y colonización de tierras a escala nacional.
El artículo 33 de la ley fijaba el límite de propiedad en la Costa en 2.500 hectáreas, a las que podían sumarse hasta 1.000 hectáreas adicionales de sabana y pastos naturales; toda propiedad que superase ese límite quedaba sujeta a expropiación. Sin embargo, el artículo 34 abría una salvedad amplia: quedaban exceptuadas las empresas que el IERAC considerase «eficientemente explotadas» o de «notoria eficiencia productiva», una fórmula que en la práctica permitió a numerosos terratenientes y empresas agrarias eludir la expropiación diversificando o reorganizando sus propiedades.
Historiadores como Osvaldo Barsky han señalado que la ley de 1964 fue, en buena medida, «continuidad de muchos de los aspectos contemplados en proyectos anteriores» que nunca llegaron a sancionarse por la resistencia de los hacendados. Un antiguo director del IERAC lo resumió sin rodeos: la reforma agraria en Ecuador fue limitada desde su origen y concedió amplias salvaguardas a los sectores terratenientes que, en teoría, debía desmontar.
Los decretos de Velasco Ibarra y la segunda Ley de Reforma Agraria
Entre la primera ley y la segunda, José María Velasco Ibarra —durante el gobierno que este sitio documenta en el artículo sobre el velasquismo posterior— asumió plenos poderes en junio de 1970 y, en diciembre de ese mismo año, expidió el Decreto 373, orientado a abolir de forma definitiva el trabajo precario en el campo. El decreto extendió el derecho a la expropiación inmediata a arrendatarios, aparceros, colonos y otras figuras de trabajo agrícola dependiente que llevasen al menos tres años cultivando tierra ajena.
Días después, el 15 de diciembre de 1970, el Decreto 1001 declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación inmediata las tierras arroceras cultivadas con métodos precapitalistas y baja productividad, un golpe dirigido en particular contra las haciendas arroceras del litoral. En los meses siguientes se intervinieron decenas de haciendas en Guayas y Loja, y hacia 1980 se habían adjudicado más de 90.000 hectáreas afectadas por ese decreto.
En octubre de 1973, ya bajo el Gobierno Nacionalista y Revolucionario del general Guillermo Rodríguez Lara, se sancionó mediante el Decreto 1172 la segunda Ley de Reforma Agraria. El país vivía entonces el inicio del auge petrolero —el precio del barril, de apenas 3 dólares en 1972, se multiplicó por diez en cinco años— y el Estado disponía de recursos inéditos para sostener un proyecto de modernización capitalista del campo. La nueva ley exigía que al menos el 80 por ciento de la superficie de una finca se explotara de forma productiva, un criterio que desplazó tanto a pequeños campesinos como a terratenientes rentistas incapaces de cumplirlo.
Resultados y límites de la reforma agraria en Ecuador
Los datos censales muestran cambios reales pero acotados. Las 241 explotaciones mayores a 2.500 hectáreas que en 1954 concentraban el 25,9 por ciento de la tierra se redujeron a 176 en 1974, con un descenso de 13,8 puntos porcentuales en su participación. Al mismo tiempo, los estratos medios —fincas de entre 50 y 500 hectáreas— duplicaron su número, pasando de 14.000 a cerca de 28.000 unidades, hasta ocupar casi 3 millones de hectáreas.
Los expedientes del propio IERAC ilustran esa brecha entre el plan y la práctica. Un informe de 1967-1968 proyectaba expropiar once haciendas en la provincia de Guayas, con 60.648 hectáreas destinadas a 7.741 familias, y nueve haciendas más en Los Ríos, con 39.532 hectáreas para 1.529 familias. En la práctica, según los propios registros del instituto, la región costera no superó las 38.000 hectáreas efectivamente entregadas a unas 2.000 familias mediante expropiación directa a lo largo del período reformista.
El minifundio, sin embargo, apenas se movió. Los agricultores con parcelas de menos de 5 hectáreas seguían superando el 72 por ciento del total de fincas del país tanto en 1954 como en 1974, y en ambos censos su superficie combinada no llegaba al 7 por ciento de la tierra agraria. Buena parte de la tierra que sí cambió de manos no provino de la expropiación de haciendas existentes, sino de la colonización de tierras de frontera en la Costa: solo entre 1964 y 1971 se adjudicaron allí unas 147.000 hectáreas por esa vía, frente a apenas 38.000 hectáreas y 2.000 familias beneficiadas por expropiaciones directas en la misma región durante el período.
La consecuencia social más visible fue la migración. Entre 1950 y 1974, la provincia de Guayas pasó de 582.144 a 1.512.333 habitantes, casi un millón de ellos ya residentes en zonas urbanas. Si a mediados de siglo tres de cada cuatro ecuatorianos vivían y trabajaban en el campo, hacia el final del período esa proporción se había invertido: una parte considerable de la población campesina, sin tierra o con parcelas demasiado pequeñas para sostener a una familia, terminó engrosando las ciudades y los enclaves agroexportadores de la Costa.
El legado: entre el minifundio y nuevas movilizaciones
La abolición del huasipungo fue irreversible y transformó de raíz la relación entre hacendados y campesinos indígenas de la sierra. Pero la promesa de una redistribución amplia de la tierra quedó, en gran medida, incumplida: el poder de negociación de los terratenientes, plasmado en cláusulas como el artículo 34 de la ley de 1964, limitó el alcance de las expropiaciones y desvió buena parte del esfuerzo reformista hacia la colonización de nuevas tierras antes que hacia la redistribución de las existentes.
Esa deuda pendiente reapareció con fuerza dos décadas más tarde. Cuando en 1994 el gobierno de Sixto Durán Ballén intentó aprobar una ley de liberalización de tierras que amenazaba con poner fin al régimen reformado, un nuevo levantamiento indígena, heredero directo del ciclo de movilización que este sitio documenta a propósito del Levantamiento Indígena de 1990, obligó a las autoridades a dar marcha atrás. El problema de la tierra, que las leyes de 1964 y 1973 habían atenuado sin resolver, seguía siendo, treinta años después, un motivo central de la política ecuatoriana.
Cronología
| 1954 | El censo agropecuario nacional expone la desigual distribución de la tierra |
| 11 de julio de 1963 | Un golpe militar derroca a Carlos Julio Arosemena Monroy e instala la Junta Militar de Gobierno |
| 11 de julio de 1964 | Decreto Supremo 1480: primera Ley de Reforma Agraria y Colonización; nace el IERAC |
| 6 de abril de 1965 | El gobierno militar reporta avances de la reforma ante la Alianza para el Progreso |
| Diciembre de 1970 | Decretos 373 y 1001, bajo Velasco Ibarra, amplían la expropiación a arrendatarios y haciendas arroceras |
| Octubre de 1973 | Decreto 1172: segunda Ley de Reforma Agraria, bajo el gobierno de Rodríguez Lara |
| 1974 | El nuevo censo agropecuario mide los resultados y límites del proceso reformista |
| 1994 | Un nuevo levantamiento indígena frena la ley de liberalización de tierras |
Conclusión
Entre 1964 y 1973, dos gobiernos militares de signo muy distinto —uno abiertamente anticomunista, el otro nacionalista y desarrollista— coincidieron en desmontar el huasipungo, la institución más visible de la hacienda serrana tradicional. Fue un cambio real, celebrado por generaciones de campesinos indígenas que dejaron de trabajar sin salario a cambio de un lote prestado.
Pero la reforma agraria en Ecuador nunca llegó a redistribuir la tierra en la escala que sus propios promotores anunciaron. Las salvedades legales, la colonización como válvula de escape y la persistencia del minifundio dejaron intacta buena parte de la desigualdad original, un problema que el país seguiría arrastrando, y discutiendo, mucho después de que las dos leyes se convirtieran en historia.
Fuentes y bibliografía
- Germán Carrillo García, «La primera reforma agraria en los trópicos del Ecuador, 1964-1970», en 50 años de reforma agraria. Cuestiones pendientes y miradas alternativas, Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones La Tierra, 2016.
- Germán Carrillo García, «Sobre la reforma agraria en Ecuador, 1948-1973», Universidad de Murcia.
- Osvaldo Hurtado, El poder político en el Ecuador, Ediciones de la Universidad Católica, Quito, 1977.
- Enrique Ayala Mora, Ecuador desde 1930 hasta la actualidad, Universidad Andina Simón Bolívar.
- Osvaldo Barsky, La Reforma Agraria ecuatoriana, FLACSO / Corporación Editora Nacional, 1984.
- Consulta en el repositorio de Dialnet y en el Ecuador Debate de FLACSO.
Fuentes primarias
Registros del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), consultados en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito; informes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre el programa de cooperación en Ecuador, 1961-1969.
Ver también
- El velasquismo posterior: el Gran Ausente que volvió cuatro veces más
- La etapa petrolera: el golpe de 1972 y el auge que transformó al Ecuador
- El Levantamiento Indígena de 1990
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Soy docente en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales, y ejerzo la docencia desde 2020 tanto en el sector público como privado. La historia universal ha sido una pasión constante en mi vida, y de ahí nació la inquietud detrás de este proyecto: en años de investigar y recopilar información sobre la historiografía de mi país, me encontré una y otra vez con datos dispersos, imprecisos o directamente erróneos circulando en la red.
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